Más opacidad en los PAI al suprimir la publicación en el DOCV
J. R./L. B. VALENCIA El Decreto Ley de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y generar empleo traerá mayor opacidad a los planes urbanísticos. El Consell elimina la obligación de publicarlos en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y será suficiente con divulgarlos a través del Boletín Oficial de la Provincia. Además, bastará con dar cuenta del acuerdo de aprobación y la normativa sin ser necesario, como hasta ahora, que se publiquen los planes de ordenación.
Durante la rueda de prensa Sánchez de León justificó la aprobación del decreto ley en que "es urgente adoptar medidas positivas" ante la actual situación de crisis. Indicó que se modifica "puntualmente" la normativa urbanística, concretamente la Ley Urbanística Valenciana, la ley de Suelo No Urbanizable, la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. La portavoz aclaró que no se trata de una reforma global, si bien las medidas llevadas al Consell son coherentes con la futura modificación de la norma urbanística. Los cambios legales fueron anunciados por Cotino en febrero. Entonces se abrió un periodo de consulta con los agentes del sector.
Antes de la decisión de Europa
La previsión de la Conselleria de Medio Ambiente era aprobar la reforma legal en septiembre cuando se prevé que el Tribunal de Justicia Europeo decida sobre la denuncia presentada por la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana por incumplir varias directivas. La aprobación del decreto ley, que avanza gran parte de las cuestiones planteadas en febrero por el equipo de Cotino, causó sorpresa en el sector.
De León aseguró que las medidas se han consensuado con los agentes económicos y los ayuntamientos, si bien, admitió, que no se ha consultado a la oposición. La también consellera de Justicia y Administraciones Públicas mantuvo que la norma cuenta con "todas las garantías jurídicas, como cualquier norma que emana del Gobierno de la Generalitat".
La vía del decreto ley permite al Consell ahorrarse, al menos de momento, todo el trámite parlamentario que conlleva la aprobación de una ley. No obstante, la norma tendrá que ser ratificada por la Cámara autonómica en un pleno para que pueda entrar en vigor.
Durante la rueda de prensa Sánchez de León justificó la aprobación del decreto ley en que "es urgente adoptar medidas positivas" ante la actual situación de crisis. Indicó que se modifica "puntualmente" la normativa urbanística, concretamente la Ley Urbanística Valenciana, la ley de Suelo No Urbanizable, la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. La portavoz aclaró que no se trata de una reforma global, si bien las medidas llevadas al Consell son coherentes con la futura modificación de la norma urbanística. Los cambios legales fueron anunciados por Cotino en febrero. Entonces se abrió un periodo de consulta con los agentes del sector.
Antes de la decisión de Europa
La previsión de la Conselleria de Medio Ambiente era aprobar la reforma legal en septiembre cuando se prevé que el Tribunal de Justicia Europeo decida sobre la denuncia presentada por la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana por incumplir varias directivas. La aprobación del decreto ley, que avanza gran parte de las cuestiones planteadas en febrero por el equipo de Cotino, causó sorpresa en el sector.
De León aseguró que las medidas se han consensuado con los agentes económicos y los ayuntamientos, si bien, admitió, que no se ha consultado a la oposición. La también consellera de Justicia y Administraciones Públicas mantuvo que la norma cuenta con "todas las garantías jurídicas, como cualquier norma que emana del Gobierno de la Generalitat".
La vía del decreto ley permite al Consell ahorrarse, al menos de momento, todo el trámite parlamentario que conlleva la aprobación de una ley. No obstante, la norma tendrá que ser ratificada por la Cámara autonómica en un pleno para que pueda entrar en vigor.
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