Un promotor declara que el ex alcalde le pidió una paga vitalicia de 3.000 euros para su mujer
El constructor Peter Schimd asegura ante la juez que el político del PP le dijo que debía abonar el dinero si quería acabar sus chalés sin problemas
ALFONS PADILLA
Licencias fraudulentas, casas ilegales y una espuria normativa urbanística que dictaban el promotor Miguel Muntaner, el entonces alcalde, José Mas Avellá, del PP, y el aparejador municipal, Amador Signes. Las declaraciones de testigos e imputados en la trama de Llíber, donde entre 1999 y 2003 se construyeron y vendieron 300 chalés ilegales, siguen ofreciendo jugosos detalles.
Uno de los últimos imputados en comparecer ante la juez, el constructor alemán Peter Schimd, reveló que en 2004, cuando Mas Avellá ya había perdido la alcaldía, éste le pidió que pagara 3.000 euros al mes indefinidamente a su esposa para no tener problemas con las obras.
Schimd relató que quedó a almorzar en Xaló con el político del PP, quien le dijo que Muntaner ya no ejercería de intermediario en las licencias y ahora debía pagarle directamente a él. Mas Avellá advirtió al constructor, según la declaración de este último, que si quería acabar sus chalés sin problemas debía entregar a su mujer la cantidad de 3.000 euros mensuales. El promotor dijo a la juez que esa proposición le enfadó mucho y decidió no pagar nada. De hecho, a preguntas del abogado del ex alcalde, admitió que nunca entregó dinero a José Mas ni a su esposa.
Schimd indicó que, tras su negativa, el ayuntamiento empezó a pararle las obras. Sin embargo, ya entonces era alcalde Juan Bautista Reus, del PSPV, quien puso fin a la concesión de licencias fraudulentas y paralizó las construcciones en suelo no urbanizable. A partir de ahí se empezó a destapar la estafa urbanística presuntamente urdida por Muntaner, quien, según todos los indicios, actuó en connivencia con el ex alcalde del PP y su aparejador municipal.
La declaración de Schimd, quien es administrador único de la empresa Construcciones Monte Puchol, que edificó y vendió numerosas casas ilegales, da pistas sobre cómo funcionaba la trama.
Este constructor, que afirmó ser arquitecto, aunque no colegiado, mantuvo una estrecha colaboración con Muntaner, que le tramitaba todas las licencias de obra. Schimd declaró ante la juez que entregaba al supuesto cabecilla de la trama los planos de los chalés y "como máximo a los dos días" ya los tenía visados por el aparejador municipal. Aseguró que abonaba a Signes entre 15.000 y 25.000 euros por proyecto. En total, según dijo, llegó a pagarle más de 200.000 euros.
El gerente de Construcciones Monte Puchol aseveró desconocer que las licencias eran ilegales. No obstante, admitió que le extrañó que, pese a que eran para construir nuevos chalés, se concedieran para rehabilitar ruinas que en la mayoría de los casos ni siquiera existían. Pero al preguntar a Muntaner y al ex alcalde obtuvo la misma respuesta: "Así es como se hace en Llíber".
Esa fraudulenta interpretación del urbanismo al parecer no sorprendía a casi nadie, ya que Schimd, según declaró ante la juez, también preguntó a su notario y a varios abogados, y coincidieron en que si el ayuntamiento le daba la licencia era porque todo estaba bien.
Una trama con más de veinte imputados
El constructor Peter Schimd ha sido el último de los imputados en declarar, toda vez que la policía no lo encontraba pues ahora reside en Chiva. En la trama de Llíber hay una veintena de imputados, aunque los principales son Muntaner, Mas Avellá y Amador Signes, los tres han salido de prisión tras pagar una fianza. La juez ha bloqueado sus cuentas y embargado sus bienes ante la posibilidad de que haya que resarcir a las familias que compraron las casas ilegales. La magistrada advierte en su auto de que el "cuantioso patrimonio" de estos imputados -se refiere sobre todo al de Muntaner- puede haber salido de la masiva estafa urbanística. Los presuntos delitos que se investigan son los de estafa, cohecho y prevaricación. A. P. F.
